En defensa de la Ley d’Hondt

Esta mañana me he puesto a hacer números sobre los resultados de las elecciones catalanas y he encontrado algunos datos interesantes:

La volatilidad electoral (un indicador del grado de cambio de un resultado electoral respecto al anterior) fue del 15’49 cuando la media de este indicador en Europa se sitúa en torno al 7%. Para que os hagáis una idea, en unas elecciones generales críticas como las de 1982,  la volatilidad  fue del 42’7.

También se puede medir la volatilidad entre bloques separados por un clivaje, si tonamos el independentismo como esta línea de separación he decidido agrupar en un bloque a CiU, ERC, ICV y CUP y en el otro a PSC, PP y C’s.

Apenas hay trasvase de voto entre los dos bloques aunque los votantes hayan decidido cambiar de papeleta. Hay  un leve descenso de las fuerzas pro independentistas y un ligero aumento de las constitucionalistas. Pero es inapreciable,los catalanes no solo están divididos sino que además están petrificados en sus posiciones.

Lo que sí ha cambiado, y mucho, es la composición del Parlamento catalán ya que los electores han votado a nuevos partidos y han confiado en los minoritarios. Pese a los medios de comunicación, la financiación, el establishment, el voto útil, las barreras electorales, la ley d’Hondt y el Club Bilderberg, el equilibrio de fuerzas ha cambiado considerablemente. Dejando de lado el victimismo de los partidos menos votados se demuestra que lo que básicamente se necesita para conseguir un escaño es tener el respaldo de los votantes.

Con todo, he hecho una simulación con los resultados de las elecciones autonómicas, con circunscripción única para toda Cataluña manteniendo la Ley d’Hondt para asignar los escaños:

Con esta simulación CiU sería el partido que más pierde respecto al reparto provincial de escaños, los menos votados (Ciudadanos y las CUP) los que más ganan y el PSC le quitaría un escaño a ERC de forma que se terminaría la paradoja de conseguir más actas de diputado con menos votos. El equilibrio entre bloques apenas variaría y la gobernabilidad sería parecida. El resultado de las elecciones catalanas utilizando la ley d’Hondt en un distrito único sería… ¡completamente proporcional!

El problema de proporcionalidad del sistema electoral no está como muchos opinadores profesionales (y aficionados) diagnostican en la Ley d’Hondt sino en la distribución y tamaño de las circunscripciones. Toda ley para asignar escaños tiene sus deficiencias pero poco se puede hacer si el número de escaños a repartir es escaso o los distritos del reparto son tan desiguales.  Mejorar la proporcionalidad del sistema electoral español pasa por revisar las circunscripciones provinciales.

La distribución poblacional que en 1833 podía estar más o menos bien repartida en la división provincial ha variado mucho desde entonces creando la falta de proporcionalidad que se le atribuye a la Ley d’Hondt. La gente tampoco se identifica con su provincia  y su relación política se manifiesta en clave local, autonómica o nacional.

Crear nuevas circunscripciones electorales homogéneas no tendría demasiado sentido ya que gente de territorios muy dispares compartirían representantes con pocos intereses comunes a defender. Si tampoco queremos aumentar el número de representantes (350 parecen suficientes) la alternativa pasa por una revisión del sistema electoral.

Un sistema bicameral permitiría, por ejemplo, eliminar el factor territorial de la Cámara Baja creando una circunscripción única para el Congreso a la vez que el Senado se convierte en una cámara de representación autonómica. Eso sí, la papeleta de cada partido sería kilométrica aunque podrían incorporarse las listas desbloqueadas u otras fórmulas.

También nos podríamos ahorrar el Senado con un sistema de circunscripciones unipersonales con voto mayoritario en la que cada distrito electoral elegiría a su representante estableciendo una relación más cercana para vigilar y fiscalizar el registro de voto del diputado. Con este sistema los candidatos serían más importantes que las siglas y la partitocracia dejaría de tener sentido. Sin reparar en gastos se podría mantener  una segunda cámara -autonómica si se quiere, aunque no necesariamente- para la revisión de las leyes pero el factor territorial quedaría inmejorablemente defendido por aquellos representantes que cada cierto tiempo tienen que rendir cuentas con sus nombres y apellidos ante sus electores.

Todos los sistemas electorales tienen sus inconvenientes y se puede pensar en otras fórmulas además de las propuestas (tanto para toda España como para las autonomías) pero dejen de culpar a la ley d’Hondt de todos los males.

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