Preparando un reportaje sobre publicidad institucional en España y en Canarias que podéis leer este mes en La Gaveta Económica, me llamó la atención el plan de publicidad institucional del gobierno de las Islas Baleares para el que se prevén gastar dos millones de euros en 2019.

Dos millones de euros en publicidad pueden parecer mucho desde la perspectiva de un trabajador pero es calderilla para las administraciones públicas que se nutren de los impuestos que tienen que pagar esos mismos trabajadores. Estos dos millones coinciden aparentemente con una partida presupuestaria del gobierno balear.

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Más allá de la espectacular tendencia al alza del gasto en publicidad que coincide con la llegada de la socialista Francina Armengol a la presidencia del gobierno balear, cabe preguntarse si el gasto en publicidad institucional en Baleares es incluso mayor que el declarado.

Y la verdad es que a poco que rascamos los datos no cuadran. Por ejemplo, en el plan de acción de 2019 de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) consta una partida, entre otras también sospechosas, de comunicación y publicidad “Better in winter” de 1.345.000 euros en la que, necesariamente, buena parte de esa cantidad debe estar dedicada a publicidad. Ninguna de las campañas que organiza esta agencia pública que depende orgánicamente de la vicepresidencia de innovación, investigación y turismo del gobierno balear encaja en ninguna de las campañas previstas  por el plan de publicidad institucional de las islas baleares para 2019.

La triquiñuela a la que recurre el gobierno de Baleares para que su gasto publicitario declarado como tal no se dispare es ampararse en la ley autonómica 13/2010 sobre publicidad institucional que la define de forma restrictiva al sacar de esta consideración toda ” actividad publicitaria de carácter industrial, comercial o mercantil de los sujetos sometidos a la ley” (art. 1.3.a) a pesar de que entre los objetivos de la publicidad institucional se encuentran, entre otros (art. 3), “apoyar a los sectores y a las actividades económicos de la comunidad autónoma y promover los productos y servicios de las Illes Balears”. Hecha la ley hecha la trampa así que todas las campañas publicitarias contratadas por agencias, sociedades semipúblicas y demás entramado institucional que conforma la Comunidad Autónoma de Baleares, quedan fuera de esos dos millones de publicidad institucional.

Las comparaciones son odiosas y aunque a nivel nacional también existe un ley sobre publicidad institucional, la Ley 29/2005, que hace la misma distinción, sí que incluye de forma detallada todas las campañas no sujetas a dicha ley en su informe anual. 81 páginas de un completo estudio en el que se puede saber en qué y quién gasta, sean ministerios, agencias públicas o cualquier otro integrante del sector público estatal. Frente a esta memoria anual del gobierno central, el autonómico ofrece un escueto plan de 13 páginas con una fuente de letra de gran tamaño y muchos espacios en blanco. Además, 6 de las 13 páginas están destinadas a la portada, índice y a un copia/pega de la ley de ámbito autonómico. Ni que el autor del informe hubiera sido el propio Pedro Sánchez.

Puede ser que el gobierno de Baleares esté cumpliendo formalmente con la ley autonómica pero resulta obvio que esconde buena parte de la información sobre el gasto en publicidad con dinero público. Sin entrar a bucear en la multitud de organismos públicos he encontrado una partida que casi iguala todo el gasto declarado por el gobierno de Baleares. Si esto sucede en el nivel de administración autonómica no es descabellado suponer el descontrol que existe con las diputaciones, consejos insulares y ayuntamientos. Ya no solo en Baleares sino en el resto de autonomías donde, además, los medios de comunicación no están interesados en investigar ni en dar a conocer este gasto ya que la mayoría subsisten gracias a esta financiación pública indirecta de la publicidad institucional.

Teóricamente las autonomías deben acercar la administración al administrado, permitir un mayor control y transparencia pero a la hora de la verdad lo que encontramos es que estas administraciones territoriales dificultan la fiscalización de su gasto público y, en cierto modo, se ríen en la cara de sus ciudadanos.

 

 

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