A pesar de la fatiga pandémica, que yo prefiero llamar informativa o política, veo necesario repasar conceptos básicos para poder reflexionar sobre una pandemia que las autoridades públicas están utilizando como excusa para limitar nuestros derechos y libertades fundamentales.
Se está propagando la idea de que los no vacunados están poniendo en riesgo la salud de los vacunados. Un razonamiento sin un mínimo de consistencia lógica que imposibilita un debate argumentado. Cuando empezaron a vacunarnos, políticos como Pedro Sanchez prometieron que una vez se hubiera inoculado al 70% población alcanzaríamos la “inmunidad de grupo” que nos protegería del virus. La inmunidad de grupo, precisamente, implicaría que un alto porcentaje de población vacunada (que podría ser más del 70% debido a que la transmisibilidad del virus es muy alta o las vacunas son poco efectivas) consigue romper la cadena de infección y protege a la población restante no vacunada. Y tiene lógica, cuanta mayor es la proporción de individuos inmunes, menor es la probabilidad de que un individuo susceptible entre en contacto con un individuo infectado por lo que la enfermedad termina despareciendo porque no tiene a quien contagiar. Es decir, la inmunidad de grupo se alcanza cuando hay tantos inmunizados que protegen incluso a quienes no se han vacunado. Exactamente lo contrario al argumento fraudulento que, desde los gobiernos y las correas de transmisión mediáticas que propagan sus mensajes oficiales pero no veraces, nos están intentando colar. Sí, los mismos que cuando moría gente a miles por la pandemia consideraron que todo iba bien, que no era necesario usar mascarillas y retrasaron cualquier medida que podría haber minimizado su impacto.
El problema al que nos enfrentamos, por tanto, es que la efectividad de las vacunas no es suficiente como para lograr la ansiada inmunidad de grupo. No lo es ni con la población vacunada al 70% como se supuso en un primer momento, ni al 80% como tenemos actualmente en España y, lo que es más preocupante, tampoco parece suficiente superar el umbral del 85% como ya ocurre en algunas Comunidades Autónomas. Como también es preocupante que no exista una correlación entre vacunación y la incidencia de las infecciones de forma que regiones como se ve en este gráfico que me he molestado en realizar según los últimos datos disponible del Ministerio de Sanidad.
Poblaciones muy vacunadas tienen altas tasas de incidencia mientras que otras menos vacunadas tienen incidencias menores. Por tanto lo que sí podemos asegurar es que las vacunas no inmunizan, parecen bastante efectivas para evitar el desarrollo grave de la enfermedad pero no detienen el contagio. La mala noticia es que en este momento y con estas vacunas no vamos a terminar con el virus. La buena, es que un virus cuya transmisión se ha conseguido reducir a casos asintomáticos, sin crear daños a los infectados ni requerir tratamiento, deja de ser un problema de salud pública. En la situación actual debemos aprender a convivir con el virus como lo hacemos con tantas otras enfermedades que nos afectan e incluso no tienen tratamiento conocido.
Teniendo esto en cuenta, culpabilizar y estigmatizar a los no vacunados de los males que puedan sufrir los vacunados no tiene ningún sentido. A quienes más perjudican los no vacunados, si acaso, es a ellos mismos aunque como han recordado los expertos esta enfermedad en niños -que básicamente es la población que todavía no está vacunada- y gente joven sana, no es grave o se supera sin manifestar si quiera ningún síntoma. O lo que es lo mismo, hay una parte importante de la población que puede contagiarse de este coronavirus sintiendo los mismos efectos tanto si está vacunada como si no lo está. En estos casos, ¿qué sentido tiene coaccionarles u obligarles a que se vacunen? A mi parecer ninguno, vacunándose ni protegen al grupo ni experimentan una mejora personal. Dicho de otro modo, no tienen ningún incentivo individual ni colectivo para vacunarse. En todo caso chantajear a quienes desconfían, legítimamente, de las vacunas, no parece la mejor estrategia para convencerles y que cambien de opinión.
Camino de cumplir dos años con un bombardeo informativo sobre la incidencia del virus da la impresión de que se ha perdido la perspectiva. El principal problema de este virus es que se transmitía con mucha facilidad con una elevada letalidad en algunos grupos de población y requería tratamientos muy largos e intensivos que colapsaban el sistema sanitario en su conjunto. Actualmente, sin embargo, aunque la incidencia esté subiendo, las tasas de hospitalización e ingresos en UCI no llegan a ese punto y se sitúa en un 7,76% muy lejos de lo que supondría llegar al “límite” o “colapaso” como se escucha en las noticias a diario. Es más, basar las restricciones en un número de camas, máquinas o personal fijo podía tener sentido al inicio de la pandemia cuando no se estaba preparado pero no dos años después. En este tiempo los gobernantes que han gestionado la crisis son los responsables de haber puesto los medios suficientes para que no se produzca este colapso, de redimensionar el sistema sanitario ante la nueva situación para prepararnos a convivir con el virus. Ellos tendrán que explicar por qué han destinado recursos públicos y tiempo a unas cosas y no a otras. Llegado el caso se pueden redistribuir enfermos de zonas sanitarias colapsadas a otros que no lo estén. Pero ni los vacunados ni los no vacunados pueden ser el chivo expiatorio de la ineptitud y las prioridades políticas de gobernantes que se preocupan de cuestiones como imponer el catalán en la sanidad, que la gente hable usando un género neutro inventado o mil sandeces ideológicas más.
Un ejemplo completo de todo esto es el del hospital Mateo Orfila en Menorca en el que, según las noticias de las últimas horas se encontraría con su UCI “al límite de su capacidad” y desde ayer se suspendieron la mitad de la actividad de sus quirófanos. Pues bien, resulta que este hospital menorquín acoge actualmente a 6 pacientes en su UCI (5 de ellos COVID) pero hace tan solo cuatro meses atendía a 8 pacientes (6 de ellos COVID) y contaba con un total de 19 camas UCI. Si estas son y eran los datos reales, ¿cómo es posible que la situación sea sanitariamente peor ahora que en agosto? La única explicación es la creación de un estado de pánico social que justifique medidas excepcionales por parte de los políticos.
Todo esto me parece de suma importancia porque nuestros gobernantes están tratando de enfrentarnos civilmente como tapadera de su incompetencia. Al fin y al cabo si esta pandemia ya no es un problema de salud pública deja de ser un asunto político sobre el que continuamente se esté debatiendo y tomando medidas. Medidas que por ser de urgencia pasan por trámites con menos controles y garantías ofreciendo una herramienta muy apetecible para los (malos) políticos. En España ya sabemos que el gobierno se saltó la Constitución para restringir nuestros derechos y libertades fundamentales sin someterse al control parlamentario y ciudadano que nuestra democracia y el Estado de Derecho requieren. Hemos vivido, de facto y durante un tiempo, bajo una dictadura porque no se han cumplido, ni en las formas ni en el fondo, los requisitos básicos que caracterizan a una democracia. Lo peor es que estos graves hechos no han tenido consecuencias reales sobre los políticos que cometieron semejante atropello inédito hasta ahora en nuestra ya no tan joven democracia.
El debate ahora se centra sobre la imposición de un pasaporte COVID que discriminaría gravemente a quienes no lo presentaran al realizar actividades de lo más cotidiano y ordinario, impidiéndoles ejercer derechos y libertades fundamentales. Una medida totalitaria que además no se sostiene porque ser portador de un pasaporte COVID no implica estar inmunizado como ya se ha demostrado. A esto hay que añadir que se vulnera la intimidad y se discrimina a las personas por su historia clínica, ¿imaginan algo parecido con otras enfermedades? Durante décadas se ha combatido la estigmatización por enfermedades como el VIH mientras que ahora nos enfrentamos a un intento de discriminación legal. Debemos recordar que una situación pase a ser legal no implica que sea justa. Legal fue la discriminación racial en los EEEUU y legal fue discriminar a los homosexuales durante el franquismo. Es inadmisible. Su exigencia además no está vinculada a las situaciones en las que se ha detectado la transmisión del virus como indican los datos que tenemos y dota de autoridad policial a los empleados de estos establecimientos.
En definitiva, estamos ante una barbaridad que no se sustenta ni por su efectividad ni por ser compatible con una sociedad libre. Dejemos a un lado los pensamientos de rebaño y asumamos de una vez que la inmunidad de grupo, en esta pandemia y con estas vacunas, no existe para oponernos con toda nuestra fuerza y razón a medidas totalitarias que no están justificadas.
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