No es un gobierno liberal -neo, turbo, ultra- el que aspira a imponer peajes en todas las autovías españolas justificándolo porque “el que lo usa lo paga”. Es difícil estar en desacuerdo con este planteamiento del actual gobierno social-podemita aunque no se entiende que no apliquen el razonamiento al resto de bienes y servicios públicos.
Lo pueden tratar de justificar de muchas formas pero lo cierto es que en el caso de la red de carreteras trasladar su mantenimiento de los presupuestos generales a una tasa por su uso tiene efectos claramente regresivos porque las rentas más bajas no podrán asumir el coste y dejarán de usar las vías de alta capacidad (autovías) por otras carreteras (las nacionales) que seguirán siendo gratuitas con lo que sus viajes serán más lentos -lo cual siempre implica un coste de oportunidad al dedicar más tiempo a los trayectos en lugar de a otros menesteres- y, lo que es peor, más inseguras. ¿Las infraestructuras no deberían ser neutrales?
Por si fuera poco poner en riesgo a los ciudadanos más humildes, estos peajes esconden una subida de impuestos encubierta ya que su cobro no implicará reducir el gasto público o una rebaja de la factura fiscal en la misma cuantía. No, es una fórmula creativa para poder estirar las cuentas públicas, una vía más o menos ingeniosa del Estado para seguir expoliando a la gente.
También es falso que este sobrecoste no lo vaya a soportar la pensionista que no tiene coche porque el transporte de mercancías se encarecerá y, por tanto, se repercutirán los costes en el resto de la economía. Como tampoco es cierto que en todos los países europeos se pague un peaje por el uso de las carreteras.
Pero sobre todo, una vez más, demuestra la falacia del discurso estatista. Es habitual que en cualquier debate se ataquen las posiciones liberales preguntando “¿quién pagaría las calles y las carreteras si no hubiera Estado?”. Lo pagan, evidentemente los ciudadanos de una u otra forma pero nunca es gratis. Algo similar ocurre con las calles que embaldosan y asfaltan las constructoras privadas cuando urbanizan una zona y terminan repercutiendo ese coste en la compra-venta de las nuevas viviendas.
Nada es gratis, y decidir si un bien o servicio público debe financiarse por sus usuarios o por todos los contribuyentes es una opción política. Decía Thatcher que “el socialismo fracasa cuando se les termina el dinero… de los demás” y precisamente en España nos encontramos en este punto, con un gobierno socialista que, una vez más, ha ignorado la evidencia de la situación económica real, ha paralizado la economía con sus decisiones mientras nos endeudaba como no sucedía en más de un siglo y, ahora, como única solución aspiran a rapiñar lo poco que han conseguido mantener los ciudadanos en sus bolsillos.
Hay muchas alternativas, y como el que lo usa lo paga, podrían empezar por pagar sus desplazamientos en coches oficiales, sus escoltas o sus caprichos de El Corte Inglés.
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